La Ciudad de Buenos Aires es escenario de nuevas polémicas luego del caso de Agustín Marrero, el niño asesinado por su padrastro Leandro Sarli hace un mes, en un caso de múltiples aristas. Si bien Sarli es el único imputado dentro de la investigación, el Ministerio de Educación porteño responsabiliza a la maestra y directora del jardín donde concurría, argumentando que la escuela "tiene que ser garante de los derechos de los niños".
Pero la realidad marca que el pequeño iba a ese establecimiento, el Jardín de Infantes N° 2 de Flores, desde hacía 28 días. Y que -según las cesanteadas- el menor no mostraba signos de violencia familiar inicialmente; recién cuando notaron que le faltaban dos piezas dentales, incluyeron eso en el legajo, y fue ahí cuando la madre presentó los certificados odontológicos para justificarlo, además de aludir que el nene de cinco años tenía problemas de motricidad y que sus otras lastimaduras eran por ese motivo.
Los gremios docentes de la Capital Federal, frente a este escenario, iniciaron un plan de lucha cuyas ramificaciones son todavía desconocidas. Por lo pronto, hoy el sector arrancó la jornada con un paro de actividades y una protesta en la sede del jardín, que incluirá un abrazo simbólico con representantes sindicales de todo el distrito y el apoyo de los padres.
Los docentes cuestionan la medida de iniciar un sumario y sobre todo separar a las dos de sus cargos. También repudiaron la actitud del Gobierno porteño que "en todos estos años viene reduciendo los equipos de orientación, que disminuyeron de 350 profesionales a 130", manifestaron UTE, Sedeba, Ademys y Camyp.
Acusan a Esteban Bullrich, titular de la cartera educativa, de "llevar adelante el vaciamiento de los mecanismos de protección de la niñez en el sistema educativo".
Esta mañana, Buenos Aires 2punto0 Formato Radio dialogó con el secretario adjunto de Ademys, Gabriel Lubo, quien hizo un pantallazo de la situación local. "Hace poco más de un mes que sucedió el asesinato. Nos enteramos que el Ministerio de Educación abrió un sumario a la directora y la maestra. Y fueron separadas", explicó el dirigente sindical.
"Nosotros interpretamos esto como un intento de deslindar responsabilidades y no hacerse cargo", agregó.
"Esto no es sólo por Agustín, sino una situación más general; que impacta en la infancia de los sectores que viven en los barrios más populares", indicó y recordó el caso de los dos niños que murieron quemados en un taller clandestino de ese mismo barrio a fines de abril, horas después de las PASO porteñas.
"Esto no es responsabilidad de una maestra o una directora, sino de un Estado. Rechazamos que Alejandra (la maestra) y Elsa (la directora) hayan actuado mal. La instancia de derivación es el equipo de orientación escolar en estos casos. Por la ley de servicios profesionales, deberían haber más de 400 profesionales y hay sólo 130", detalló Gabriel, además de precisar que, específicamente en Flores, son tan sólo 4 en total.
También reveló que, en febrero de este año, los maestros hicieron una presentación planteando la necesidad de nombramientos en el área.
"Las maestras han declarado que no había indicios. Porque cuando los hay, sí se recurre a la guardia de abogados y el Consejo de Menores. Pero no fue el caso. A Agustín le faltaban dos piezas dentales, se lo presenta en el legajo y la mamá va y lleva el certificado de odontología. Lamentablemente no hubo indicios (antes de eso)", consideró.
Ratificó que piden la reincorporación de Alejandra y Elsa y que, después del receso invernal, volverán a analizar medidas de fuerza.
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